2012/07/12

Vamos a seguir rechazando la ordenanza y exigiendo un debate sobre la utilización del espacio público con participación y decisión de los agentes implicados

La plataforma Kalea guztiona da vista la sentencia de 27-06-2012 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por la que desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Ordenanza del Espacio Público de Bilbao (aprobada por el Pleno el 23-09-2010) manifiesta lo siguiente:
1. La sentencia manifiesta una afinidad entre el poder judicial y el gobierno municipal en la concepción de la convivencia social y del uso del espacio público, de la calle, lejos de lo que a nuestro entender debiera ser, esto es, un espacio de convivencia donde la creación, la pluralidad, las ideas, la expresión, el movimiento y el disfrute sean libres y un valor que haga de nuestra ciudad un espacio de vida en todos los sentidos. Hacen causa común en la aplicación partidaria de la legislación e interpretación restrictiva de los derechos fundamentales.

2. La aplicación de la ordenanza, claramente las últimas semanas, pone de manifiesto lo alejada que está la interpretación que hace el tribunal de la misma de su aplicación concreta. La utilización de forma reiterada por parte del ayuntamiento de la coletilla “no es de interés público” para prohibir actividades plurales, muy diferentes unas de otras, sin molestar a la ciudadanía y sin un uso privativo o especial del espacio público muestra lo que buscaba el ayuntamiento y ahora ha sido refrendado por el tribunal, es decir, la limitación del uso de la calle para el disfrute y la reivindicación ciudadana. Aplicación alejada de los criterios “lógicos, técnicos o de experiencia común” que inocentemente plantea el tribunal. El ayuntamiento no estaría respetando el marco de aplicación fijado por el tribunal al refrendar la ordenanza.

3. Los grupos integrantes de la plataforma vamos a seguir rechazando la ordenanza, exigiendo un debate sobre la utilización del espacio público con participación y decisión de los agentes implicados y haciendo caso omiso de prohibiciones arbitrarias, injustificadas y restrictivas de derechos ciudadanos.

4. Finalmente, anunciamos que no vamos a presentar recurso de casación, por el coste del mismo –ya que los grupos lo estamos pagando de nuestro bolsillo y los gastos judiciales del ayuntamiento los pagamos toda la ciudadanía a escote– y porque el debate jurídico, al fin y al cabo, no es lo fundamental sino la concepción de la convivencia social desde una óptica de libertad y respeto o desde una óptica de limitación y prohibición. Ahí vamos a seguir dando la batalla.

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